La Declaración de los Derechos Campesinos

Aprobación de la declaración de los Derechos Campesinos

FIAN Internacional y La Vía Campesina

El 20 de noviembre de 2018, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York, aprobó, por mayoría, la Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, como pueblos indígenas, pescadores, trabajadores rurales y pequeños ganaderos.

La Declaración implica una importante evolución del derecho internacional para la protección de las poblaciones rurales, y sistematiza derechos humanos previstos ya en otros instrumentos de derechos humanos. A través de la participación campesina, fue construida paso a paso una declaración en cuyo corazón laten los derechos colectivos a bienes naturales como la tierra, el agua, las semillas y la biodiversidad. La Declaración defiende la identidad del campesinado como sujeto político y de derechos frente a la amenaza de destrucción social y ambiental ante la penetración capitalista en todos los rincones de vida en el campo y es resultado de los debates del campesinado organizado con los Estados.

¿Cómo surgió la Declaración?

La Vía Campesina, junto con sus aliados CETIM, FIAN, CELS y otras organizaciones, trabajaron desde el año 2001 en una propuesta sobre la declaración de derechos campesinos. La declaración recientemente aprobada es el resultado de debates en innumerables pueblos, comunidades y reuniones a distintos niveles.

Desde la crisis alimentaria del 2008, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos
encomendó realizar un estudio preliminar sobre los modos de seguir promoviendo los derechos de las personas que trabajan en las zonas rurales, incluidas las mujeres, y en particular los pequeños agricultores que producen alimentos u otros productos agrícolas, tanto los que provienen directamente del trabajo de la tierra o de actividades tradicionales de pesca, caza y pastoreo.

El Comité concluyó que era necesaria la protección de los derechos campesinos y propuso, inspirándose en la propuesta de la Vía Campesina, elaborar una Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que viven en área rural. Durante años, esta declaración fue objeto de debates entre los Estados y las organizaciones de la sociedad civil.

¿Por qué la Declaración es importante?

La importancia radica en que es el primer instrumento de derechos humanos que establece el derecho a la tierra para poblaciones no- indígenas. (El derecho al territorio para pueblos indígenas está consagrado en el Convenio 169 de la OIT).

La Declaración reconoce el derecho a la soberanía alimentaria. Esta se define como el derecho a implementar un modelo de desarrollo mediante el cual los campesinos y campesinas puedan escoger y desarrollar sus propios modos de producción, de transformación, de distribución y de consumo de alimentos. Este modelo garantizaría al campesinado el derecho a gestionar los recursos colectivos y a participar en el diseño de las políticas públicas para mejorar la regulación de los sistemas agrícolas y alimentarios.
Además, se reconocen los derechos colectivos de las comunidades. Ciertas violaciones de derechos humanos son individuales pero también colectivas, pues afectan a los miembros de las comunidades y al colectivo en su conjunto. Ejemplos de derechos colectivos son los conocimientos tradicionales y la gestión de recursos naturales, y un ejemplo de violación de derechos colectivos son los desalojos forzosos. Las comunidades se vuelven entonces titulares de derechos.

¿Qué dice la Declaración?

El derecho a la tierra define el acceso, el uso y la gestión de la tierra. Incluye la protección de la tenencia legítima, la protección contra desalojos o desplazamientos arbitrarios o ilegales, y la restitución o indemnización adecuada en el caso de haberlos sufrido. Ellos son elementos necesarios para respetar el derecho a la salud, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a estar protegido contra la contaminación y la destrucción de los recursos naturales. El derecho a tierra incluye también a las comunidades que no tienen derechos de propiedad formalmente reconocidos.

Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para llevar a cabo reformas agrarias redistributivas y limitar la concentración de las tierras. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas para la conservación y uso sostenible de la tierra, como, por ejemplo, a través de la agroecología.

La Declaración reconoce, entonces, a la tierra como sustento de la vida, la identidad y la cultura y la íntima relación de las personas campesinas con la naturaleza.

El derecho a las semillas y a la biodiversidad incluye el derecho de guardar, almacenar,
transportar, intercambiar, dar, vender y re-utilizar las semillas campesinas. Al desarrollar sus propias semillas, los agricultores construyen sistemas agrarios más resilientes y más sustentables, capaces de alimentar a la población a pesar del cambio climático.

El derecho a la participación activa y libre en la elaboración e implementación de políticas, programas y proyectos que afectan a sus vidas, tierras y medios de subsistencia. Además, la declaración define el derecho a la justicia; a la alimentación y a que los y las campesinos defiendan sus propios sistemas alimentarios y agrícolas; el derecho al agua; a los medios de producción, entre ellos, acceso a mercados y la transición a modelos sostenibles de producción; a un medio ambiente sano, incluyendo la obligación de combatir el cambio climático

¿Cómo usar la Declaración?

A pesar de no ser un instrumento jurídicamente vinculante, la Declaración sirve para establecer directrices para políticas y legislaciones nacionales a favor del respeto a campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en áreas rurales. La declaración proporciona a los movimientos sociales y comunidades un conjunto de herramientas para exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Paraguay. También ofrece herramientas para desarrollar el monitoreo de políticas públicas con el objetivo de hacer a los Estados responsables de sus obligaciones.

El desafío consiste en cómo hacer que los derechos humanos presten un mejor apoyo a las diferentes luchas de aquellas personas que defienden la dignidad humana e intentan alcanzar un modelo social y un sistema alimentario más equitativo y sostenible, centrado en la promoción y realización de todos los derechos humanos. Sin la continuada resistencia de los pueblos estos objetivos jamás serían alcanzados.

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