OLT denuncia inminente desalojo a familias sin tierras de Joaju

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Desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) nos dirigimos a la ciudadanía en general, a nivel nacional e internacional para denunciar cuanto sigue: 

Con versiones extraoficiales nos han llegado la información de un inminente desalojo de las familias campesinas sin tierras del Asentamiento 1ro. de Marzo- Joaju, del Distrito de Yvyrarovana, Departamento de Canindeyú; y ante esta situación desde la organización expresamos y denunciamos lo siguiente:

En las últimas dos semanas la comunidad fue amedrentada por la incursión y sobrevuelo de helicópteros de la policía nacional. Creemos que dichas incursiones ya forman parte del plan de desalojo que tiene el gobierno de Cartes para las 330 familias del Asentamiento, ya que hasta el momento no se han preocupado por resolver el problema del acceso a la tierra para las familias sin tierras, desde las instituciones del Estado.

De realizarse un desalojo, responsabilizamos al gobierno de cualquier situación que se genere y de las pérdidas que significarán para las familias incluso el acceso a su derecho a la alimentación, ya que en el lugar se cuenta con 800 has. de chacras con producción de alimentos y 300 has. con producción de renta y muchos animales domésticos, además de Escuela y puentes que fueron construidos por las familias, sin el apoyo de las instituciones correspondientes del Estado.

Recordamos a los tres poderes del Estado, que su obligación es garantizar el acceso a los derechos básicos para toda la ciudadanía. El derecho a la tierra está en nuestra Constitución Nacional y debe ser garantizada y respetada por las instituciones del Estado para las familias campesinas. El desalojo no debe ser ejecutado porque no resuelve el problema real de las familias sin tierras del asentamiento 1ro. de Marzo. Estas tierras son malhabidas y deben ser expropiadas y entregadas a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria.

A la ciudadanía en general a nivel nacional e internacional le pedimos estar en alerta, ante la violencia que el Gobierno ofrece a las necesidades del campesinado y multiplicar las denuncias contra estas violaciones los derechos básicos de las familias campesinas.
Llamamos a la solidaridad con las familias amenazadas a todos los sectores sociales y populares.

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