Audiencia pública sobre tierras malhabidas y la lucha por su recuperación es desarrollada hoy en el Congreso Nacional

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La Organización de Lucha por la Tierra organiza para este jueves 17 de setiembre una audiencia pública “Tierras malhabidas y lucha por la recuperación”, con el objetivo de visibilizar la problemática existente en Paraguay. Se llevará a cabo en Salón Bicameral del Congreso Nacional, 10 a 12 horas, con la participación como panelistas de representantes de la Procuraduría General de la República, el Indert, el Parlamento Nacional y las Organizaciones Sociales.

Con el apoyo de Base IS, Cepag, Serpaj, Conamuri, la OLT lleva adelante este encuentro sobre la base de que para una Justicia Social en el Paraguay es necesaria la recuperación de “tierras adjudicadas ilegalmente” a militares, comerciantes, empresarios nacionales y extranjeros durante la dictadura y hasta la actualidad, quitando así la posibilidad del acceso a la tierra a miles de compatriotas sujetos de la Reforma Agraria que necesitan de tierras para su subsistencia.

La Comisión de Verdad y Justicia, constituida por Ley N° 2225/03, que fue un consenso importantísimo alcanzado entre sociedad civil y el Estado paraguayo, principalmente los poderes Ejecutivo y Legislativo; realizó un trabajo impecable y de enorme valor con propósito de satisfacción, restitución, indemnización y no repetición, documentando todos los atropellos cometidos en materia de derechos humanos y otros actos ilegales realizados desde Estado, entre 1954 hasta el año 2003, concluyendo su trabajo con una serie de recomendaciones sobre las verdades descubiertas, a los tres Poderes del Estado y recomendando tareas concretas a instituciones específicas.

El estudio y la documentación realizado por la Comisión Verdad y Justicia, abarcó la investigación sobre “Tierras malhabidas o tierras adjudicadas en contravención con la legislación agraria” durante el periodo investigado; en relación a este tema, la Comisión descubrió que en el período que abarca desde 1954 a 2003, el Estado ha realizado adjudicaciones irregulares de tierras públicas que totalizan 7.851.295 hectáreas.

Las recomendaciones de la CVJ con relación a las tierras malhabidas fueron:

Medidas dirigidas a la devolución de los bienes.

  1. Entregar al Procurador General de la República y al Fiscal General del Estado, por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre “tierras malhabidas” en Paraguay, a los efectos de investigar la denuncia sobre tierras ilegalmente adjudicadas, iniciar las acciones de nulidad de título, revocar las resoluciones de adjudicación y promover acciones de reivindicación u otras acciones, cuando fuere el caso, para la recuperación de dichas tierras y su adjudicación institucional a los sujetos de la reforma agraria y otros beneficiarios. Instar al Poder Judicial a dar trámite ágil a estos expedientes.´
  2. Impulsar los juicios sobre tierras malhabidas ya promovidos por la Procuraduría General de la República y proseguir los trámites hasta su finalización, de tal manera a restablecer el orden legal y legítimo de las tierras del país.
  3. Modificar la Ley Nº 1863/02, en su artículo 49, que establece el orden de preferencia para la adjudicación de las tierras, determinando que las víctimas de la dictadura o sus familiares, que reúnan los requisitos establecidos por el Estatuto Agrario, para ser beneficiarios de esta ley sean incluidos en el inciso c) del orden de preferencia.
  4. Proceder de manera similar a la recuperación de las tierras malhabidas con los demás bienes mal habidos por los personeros de la dictadura o sus prestanombres que puedan ser identificados con base en una investigación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, a fin de que el Estado pueda recuperarlos e ingresarlos a Rentas Generales de la Nación.
  5. Iniciar procesos de restitución del patrimonio familiar despojado a los exiliados, sobre todo de bienes inmuebles.
  6. Adoptar en la legislación nacional las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter, incluyendo las partidas presupuestarias que sean necesarias, para crear un mecanismo eficaz de restitución de tierras ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas para que éstos accedan a ellas de acuerdo a su cultura y modo de vida tradicionales, garantizándose la protección de la biodiversidad, de acuerdo al artículo 62 al 67, Capítulo V, “De los pueblos indígenas”, de la Constitución Nacional.
  7. Promover por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo las acciones judiciales y legales pertinentes para la recuperación de las propiedades colectivas, comunitarias, campos comunales y espacios públicos que fueron usurpadas.

Han pasado más de 6 años desde la entrega de la Conclusión y Las Recomendaciones al Estado Paraguayo de la Comisión Verdad y Justicia, sin embargo, en el país, según cálculos hechos en base a los últimos censos agrarios, existen aproximadamente 300 mil familias sin tierras, las cuales cada vez más viven en la pobreza por falta de un espacio para producir y sustentarse.

Solo durante el periodo del gobierno actual, los grupos de campesinos sin tierras, en el marco de la reivindicación de su derecho legítimo a un pedazo de tierra, sufrieron más de 30 desalojos forzosos, en los que resultaron heridos, golpeados, apresados, quemadas sus viviendas y robadas sus pocas pertenencias. Así también, son imputados por los fiscales y presentados como verdaderos criminales por los medios de comunicación ante la sociedad.

Como Organización de Lucha Por la Tierra, conjuntamente con las instituciones patrocinantes de esta Audiencia Pública, preguntamos:

¿Con qué grado de seriedad se están tomando las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia en torno a las tierras malhabidas, en el marco de la devolución de los bienes públicos mal adjudicados?

¿En qué medida la Fiscalía General del Estado ha investigado y procurado recuperar los bienes del Estado mal adjudicados?

¿Qué trabajo ha realizado o planea realizar la Procuraduría General de la República, para la recuperación de las tierras malhabidas, y su redistribución a los sujetos de la Reforma Agraria?

¿Qué trabajo ha realizado o planea realizar el Indert para la recuperación de las tierras malhabidas, adjudicadas irregularmente por administradores del instituto agrario en otras épocas?

Reclamamos seriedad y acciones concretas por parte de las instituciones estatales para la recuperación de las tierras malhabidas y su redistribución a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria. La Comisión Verdad y Justicia realizó una enorme tarea con el propósito de “profundizar el respeto y la garantía de los Derechos Humanos, para liberarnos de la herencia de la dictadura”, sin embargo, el derecho a un pedazo de tierra como derecho esencial del campesinado sigue sin ser garantizado y es más, como se menciona más arriba, los campesinos que no poseen tierra siguen siendo reprimidos, apresados y criminalizados por reivindicar ese derecho.

¡No a la impunidad! La recuperación de las tierras malhabidas y la reparación a los atropellos de los Derechos Humanos del campesinado es lo único que puede dar satisfacción a la necesidad actual del acceso a la tierra en el país. Sin que las autoridades y las instituciones planteen la recuperación de las tierras malhabidas, difícilmente habrá satisfacción a las necesidades del campesinado y una reparación efectiva.

Contactos:

Diosnel Sachelaridi: (0982) 273-032

Augusto Acuña: (0981) 945-926

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