Nuevo procedimiento policial violento de desalojo contra familias del asentamiento Joaju

Desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

En la mañana del 23 de diciembre, un grupo de 200 policías fuertemente armados, en 14 patrulleras, atropellaron el Asentamiento 1ro. De Marzo, del Distrito de Yvyra Rovana, Departamento de Canindeyú, donde aproximadamente se encuentran 300 familias. El asalto a la comunidad se realiza sin ningún tipo de documentación ni mediación con las familias del lugar, procediendo a la quema de casas, matando cerdos, gallinas, y sembrando pánico en los niños y niñas del lugar. Hasta el momento no se sabe si el procedimiento efectuado se sustenta en una orden judicial de desalojo, siendo que no se ha acercado ningún responsable del Ministerio Público, ni se sabe si hay alguna autoridad aparte de la policial que acompañó el hecho, ya que nadie dio explicaciones sobre el procedimiento.

La Comisión Vecinal de familias sin tierra denominada “Joajú”,  viene desde hace tres años y medio gestionando ante el INDERT y el Senado de la Nación la expropiación del inmueble de  4.499 hectáreas cuyo origen es fiscal y de transacción ilegal.

Las tierras públicas de  4.499 hectáreas ha sido adjudicado ilegalmente por  Resolución Nº 668 de fecha 11 de junio de 1969, del Consejo del Instituto de Bienestar Rural (IBR),  a la firma Perfecta S.A.M.I en permuta por  un avión Marca META-SOKOLL-L  403”, propiedad de Perfecta S.A. evaluada en la suma de 3 millones de guaraníes por las partes.  Cuando La ley 854/63 que establece el Estatuto Agrario, que regía al momento de dicha adjudicación por la vía de la permuta, no autorizaba al IBR a adjudicar tierras de Reforma Agraria a una empresa mercantil  como era Perfecta S.A. y menos a una sociedad anónima, no reconocidos como sujetos de reforma agraria.

Denunciamos este nuevo “desalojo violento” que soportan estas familias campesinas en abierta violación a sus derechos humanos, al acceso a un pedazo de tierra, al trabajo y  a la alimentación; con esta, suman cuatro desalojos violentos por parte del Estado a través de la fuerza policial.

Responsabilizamos al gobierno de Cartes y el presidente del INDERT ante cualquier desenlace fatal que pueda ocurrir y  enlutar nuevamente al país, como lo fue la masacre de Curuguaty. Así también hacemos responsables a los tres poderes del Estado por la impunidad que brindan a los dueños de tierras mal adjudicadas, condenando a miles de familias campesinas a vivir sin las tierras para generar el sustento y el desarrollo nacional.

Desde la organización exigimos:

  1. El cese de la violencia con el que se está procediendo en este momento en la comunidad, con la quema de viviendas, matanza de cerdos y gallinas de las familias.
  2. Solicitamos la inmediata intervención del Parlamento y otras instituciones correspondientes.
  3. Al INDERT y el Gobierno, exigimos la expropiación inmediata del inmueble de 4.499 hectáreas para adjudicarle a las 300 familias afectadas.

 “Por la recuperación y defensa del territorio campesino para la Soberanía Alimentaria”

Presentación1

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