Posicionamiento de Anapa-OLT sobre las acusaciones del Indert

Desde la Asociación de Productores Agropecuarios –Anapa/OLT– nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para posicionarnos sobre las publicaciones del diario ABC Color, en relación a denuncias presentadas por el Indert –Instituto Nacional d Desarrollo Rural y de la Tierra– ante la Fiscalía, donde figura el nombre de nuestra asociación:

La Anapa fue beneficiaria de un proyecto de mini-industrias, adquisición de tractor e implementos agrícolas y provisión de herramientas y semillas, que fue desarrollado con el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) a finales del año 2011 e inicios de 2012, que fue ejecutado en tres desembolsos de un total de Gs. 1.364.753.137; el primer desembolso fue entregado por valor de Gs. 743.851.891, en octubre del 2011, un segundo desembolso por valor de Gs. 265.600.000, entregados en el mes de febrero del 2012 y el último desembolso por valor de Gs. 355.301.246, entregado en el mes de abril de 2012.

El convenio firmado y realizado con el Indert consistía en el desarrollo de mini-industrias de fábrica del almidón y adquisición de tractor e implemento agrícola para el distrito de Mauricio José Troche –departamento de Guairá–, tambo comunitario en el distrito de Yhú –departamento de Caaguazú–, infraestructura para la fábrica artesanal de aceite en Yuty –departamento de Caazapá–; y la provisión de herramientas y semillas a 1.563 familias de los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Ñeembucú e Itapúa.

Todos los documentos que atañen a las rendiciones fueron presentados a la Contraloría General de la República, a la Comisión Bicameral de Presupuesto y al Departamento de Finanzas del Indert sin que los mismos se hayan pronunciado sobre alguna irregularidad como la que acusa el periódico. Tanto las obras de mini-industrias como la entrega de semillas y herramientas pueden ser corroboradas por cualquier institución, a quienes les invitamos a cerciorarse in situ.

La acusación que realiza el periódico no es más que un ataque infundado e irresponsable y que junto a las realizadas por el Indert tienen un claro interés en ocultar los problemas reales que aquejan a nuestro país, que tambalea ante permanentes desalojos, despojos de tierras, criminalizando a las organizaciones campesinas para que el problema de distribución de las tierras no siga siendo denunciado, por lo que tratan de desacreditar a las organizaciones. Es claro que el interés de este gobierno es sólo profundizar las desigualdades y beneficiar a los “amigos de siempre”.

El ataque a la Anapa/OLT, obedece a un intento de frenar las constantes denuncias y posicionamiento político asumido por nuestra organización frente al entreguismo del gobierno de Cartes y del presidente del Indert, ambos con fuerte apoyo de la oligarquía latifundista y mafiosa. El gobierno nacional de Cartes busca con su plan de entregar el resto del patrimonio nacional a las multinacionales y acomodarse él con sus empresas para el negociado desde la ley APP.

Respondiendo al plan del gobierno, Cárdenas convirtió el Indert en una seccional colorada donde los históricos funcionarios corruptos hoy volvieron a tomar el control, recuperando sus prácticas mafiosas y estafando al campesinado. Así se puede apreciar cómo, mientras Cárdenas negocia directamente, a partir del traslado de los sintierras hasta Santa Lucía, llevando los problemas a otros lugares, absolviendo a Favero y sus miles de hectáreas sin títulos en Ñacunday; con De Gásperi en Tapiracui, donde se apropió de las tierras del Indert, hoy estancia Panambi; Puma Energys, que se adueñó de las tierras de Laterzakue con la comunidad dentro; Rainer Bendlin, perteneciente al grupo empresarial Perfecta S.A que se adueñó de 4.499 hectáreas en Canindeyú (Ganadera Pindó); Barbero, las tierras donadas en el 2012 por el gobierno italiano al Estado paraguayo, y que hoy están en manos de sojeros; o el vergonzoso negociado de las compras de tierras de la Empresa San Agustín, en Cordillera, durante el gobierno golpista de Franco, y que actualmente el presidente del Indert, Justo Cárdenas, negocia el 20% que supuestamente la Empresa San Agustín dona al Estado paraguayo, en total unos 14 mil millones Gs., para blanquear dicho fraude contra el pueblo paraguayo.

¿Por qué no se investigan las denuncias de las tierras malhabidas? ¿Por qué se archivan los expedientes de gestiones de tierras, de comisiones vecinales sin tierras en el Indert? ¿Los intereses de quiénes se defienden dentro del Indert desde la rosca mafiosa de funcionariados vinculados al Partido Colorado y el PLRA?

El Indert, de una manera irresponsable realiza las denuncias y las difunde a la prensa, sin que hasta el momento no nos hayan hecho llegar desde el Estado alguna notificación. Seguiremos aguardando las notificaciones correspondientes de las instituciones responsables.

Solicitamos la conformación de una comisión interdisciplinaria integrada por el Indert, la Contraloría General de la República y las organizaciones campesinas afectadas para hacer las aclaraciones que correspondan y finiquitar de una vez esta campaña realizada por ABC desde el 2012, como pantalla de embelesamiento a los ciudadanos y ciudadanas, mientras el país se hunde en pobreza e inundaciones.

“Por la recuperación y defensa del territorio campesino para la Soberanía Alimentaria”

Villa Elisa, 23 de junio de 2014

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Informe de FIAN y La Vía Campesina sobre Marinakue y la masacre de Curuguaty

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El informe “Conflictos agrarios y criminalización de campesinos y campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la ‘Masacre de Curuguaty’” –basado en las conclusiones preliminares de una Misión Internacional de Investigación sobre el Caso Marina Kue, llevado a cabo en septiembre de 2012– muestra evidencias de violaciones de derechos humanos, irregularidades jurídicas y una campaña de criminalización en contra de los movimientos campesinos que luchan por acceder a tierras que necesitan para cultivar alimentos.

La masacre de Curuguaty se ha convertido en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales en América Latina, en cuyo trasfondo se encuentra la demanda de acceso a tierra y a alimentación adecuada. La sociedad paraguaya exige la aclaración de los hechos que ocasionaron la masacre, así como la investigación y condena de sus responsables morales y materiales. El caso tuvo un particular impacto político al haber sido utilizado como pretexto para la destitución del Presidente Fernando Lugo el día 22 de junio de 2012.

Para acceder al informe, haga clic aquí.

Mcnoc: Solidaridad en acción

Ante la grave crisis ambiental (inundación) y los miles de compatriotas afectados, la MCNOC –Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas– realizó una entrega de 35.000 kg de alimentos a damnificados de los Bañados Norte y Sur y de la Chacharita, dentro de la Campaña Nacional de Solidaridad de la MCNOC, del campo a la ciudad, fruto de la Agricultura Familiar Campesina. Los productos fueron entregados el martes 17 de junio en la plaza Uruguaya a las organizaciones solidarias que trabajan en dicha zona para su posterior entrega a los damnificados.

Los aportes llegaron de 3 departamentos –Itapuá, San Pedro y Canindeyú– y la serie de productos agrícolas consistió en mandioca, maíz, maní, habilla, poroto, zanahoria, huevos, frutas, todos productos de la Agricultura Familiar Campesina. Por medio de esta acción solidaria, la MCNOC procura señalar que el modelo de producción de alimento es una opción viable para combatir la crisis climática y alimentaria. Se prevé realizar otra serie de entregas para traer más aportes de otros asentamientos pertenecientes a la MCNOC.

Las graves consecuencias de las políticas neoliberales impuestas en el campo son ya bastante conocidas. La dominación de la naturaleza entendida únicamente como fuente de capital, la búsqueda de ganancia fácil publicitada por los paquetes tecnológicos de las empresas del agronegocio, la concentración del capital en pocas manos y la irracional explotación de los recursos naturales se han impuesto en el país en los últimos treinta años de manera que transformaron radicalmente el paisaje de gran parte de la geografía y han llevado a efectos ambientales críticos como las inundaciones en el Chaco el año pasado, debido a desvíos ilegales de cursos naturales de agua a represas privadas, contaminación de pozos, arroyos con productos químicos, etc. Este modelo del agronegocio no produce alimentos y en tiempos de crisis su ausencia es total, al igual que la ausencia del Estado, que no es capaz de responder a las graves y urgentes necesidades de quienes necesitan, en esta ocasión, a la gente afectada por las inundaciones, tal como comentan los pobladores de los Bañados de Asunción.

Esta crisis demuestra el fuerte impacto del modelo del agronegocio al momento de enfrentar situaciones de emergencia como la falta alimentos, y por parte del Estado la inexistencia de políticas públicas de programación y contención del crecimiento urbano, así como de respuesta a las situaciones de emergencia. Mientras tanto, en el campo continúa la falta de políticas de apoyo (caminos, créditos, mercado, etc.), la criminalización de las organizaciones campesinas y el desalojo de indígenas de sus territorios ancestrales.

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Comunicado de Mcnoc sobre publicaciones difamatorias

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

Ante la publicación del diario ABC COLOR de fecha 19 de junio de 2014, titulado “Conocidas organizaciones denunciadas por corrupción”, en la cual hace mención a la Mcnoc, afirmamos que:

Es una mentira y falta total a la verdad la acusación vertida en la prensa, debido a que en tiempo y forma la Mcnoc presentó ante el Indert, la Contraloría General de la República y la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la Nación las planillas de rendición de cuentas y documentos respaldatorios, de acuerdo a lo que establece la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal de los periodos 2011, 2012 y 2013. Dichas instituciones no objetaron dichos documentos.

Por este medio dejamos aclaradas las acusaciones vertidas por los medios de comunicación hacia nuestra organización, y así también solicitamos a los medios de comunicación informar a la opinión pública con el debido tenor.

¡Viva la Reforma Agraria Integral!

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Comunicado de Conamuri ante la denuncia presentada por el Indert contra organizaciones campesinas

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), se dirige a la opinión pública nacional e internacional, en relación a las denuncias publicadas por el diario ABC Color y presentadas por el Indert –Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra– ante la Fiscalía, en lo que afectan el nombre de nuestra organización, para manifestar cuanto sigue:

Conamuri desarrolló a fines de 2011 y principios de 2012 un proyecto de soberanía alimentaria aprobado por el Fides –Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible–, dependencia del Indert. El monto total fue entregado en dos etapas: la primera de 108.150.600 Gs y la segunda de 72.100.400 Gs, totalizando 180.251.000 G. El objetivo de este convenio firmado por Conamuri y el Indert consistía en la implementación de huertas agroecológicas comunitarias, potenciar la asistencia técnica, beneficiar a todas las socias y los socios de los comités seleccionados y encarar un compromiso colectivo de promoción de la agroecología en las fincas campesinas e indígenas.

Todas las entregas de herramientas, semillas y equipamiento básico fueron acompañadas por charlas informativas y capacitación técnica, coordinadas por nuestro técnico agroecólogo, la Dirección Nacional y estudiantes de agroecología de nuestra organización.

El proyecto original planteaba alcanzar a 2.000 familias asociadas, tanto de comunidades campesinas como indígenas, pero nos habían concedido un convenio que contemplaba solamente a 242 mujeres. Nosotras hemos alcanzado a más de 450 familias, multiplicando los recursos recibidos, rendidos hasta el día de hoy, gracias al tesonero trabajo que realizamos entre todas. Fueron beneficiados 25 comités de 11 departamentos en ambas regiones, más Semilla Róga, que es un proyecto de carácter nacional. Al día de hoy, todos los comités cuentan con su huerta comunitaria en funcionamiento.

Por otra parte, el monto asignado a Conamuri por el Fides demuestra un alto grado de discriminación estatal hacia las mujeres, si se compara con lo otorgado a otras organizaciones campesinas. El Estado no reconoce nuestra identidad como agricultoras más allá de lo que aguantan los papeles y el discurso.

Todos los documentos probatorios se hallan en Contraloría y con copia en la Gerencia de Administración y Finanzas del Indert. Así también, contamos con una nota N° 88/12 firmada el 1 de octubre de 2012 por el entonces encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas del Indert, Lic. Arturo Iván Bogado Miranda, y solicitada por nuestra organización, que es una constancia institucional de cumplimiento de rendición de cuentas, según la cual: “El Departamento de Control y Seguimiento informa que dicha entidad ha dado cumplimiento a la rendición de cuentas, no presentando ninguna observación”.

Es bueno señalar también que el proyecto era a nivel nacional y no estaba dirigido solamente al distrito de Jasy Kañy –Canindeyú–, donde sí hubo una comunidad beneficiada, pero a la que no llegaron los interventores. Evidentemente, la tergiversación de la información pretende afectar nuestra reputación y crédito ante las bases, pasando informaciones falsas.

Hemos presentado un informe respecto de los cambios realizados en el proyecto original y la ejecución final del mismo. Si hubiera faltado algún documento, si hubiera dudas respecto al proceder nos lo hubieran consultado o hubieran tomado las medidas pertinentes a través de Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se encuentran nuestros informes desde un principio.

Consideramos que este agravio al buen nombre de nuestra organización forma parte de un nuevo frente de ataque para criminalizar a los movimientos campesinos e indígenas que venimos luchando por el derecho a la tierra y el territorio y el derecho a una alimentación adecuada, en el marco de la soberanía alimentaria.

Nos parece una actitud irresponsable y malintencionada por parte del Indert permitir que nos enteráramos de esta grave denuncia a través de la prensa, sin brindar oportunidad de aclaraciones previas. Consideramos que lo que corresponde ante una situación similar es correr traslado a la parte afectada, cosa que no ocurrió tras finalizar la supuesta investigación interna. Nuestras bases han sido interpeladas bajo tres gestiones administrativas diferentes, no siendo suficientes hasta el día de hoy.

Denunciamos que una campaña de persecución a los movimientos campesinos e indígenas se puso en marcha desde los primeros días del régimen de Horacio Cartes, con un discurso engañoso de lucha contra la pobreza y la exaltación de la APP (ley de alianza público-privada) desde la que aborda su programa de “inclusión social”. Efectivamente, ambas están moldeadas para no dar soluciones definitivas a la gran mayoría de paraguayas y paraguayos, sino que, antes bien, se pretende abrir nuevos rumbos comerciales y “cartas de oferta” a las corporaciones transnacionales y empresas privadas nacionales para lucrar a costa de las necesidades sociales.

En ese sentido, el gobierno está apuntando sus dardos contra las organizaciones sociales para desprestigiarlas ante la sociedad, porque la imagen también es poder. Durante toda la transición democrática, organizaciones campesinas e indígenas han sabido dar satisfacción a duras penas a las demandas de miles de familias paraguayas que no han encontrado en el Estado respuesta a sus reclamos.

El Indert, en vez de ocuparse de la recuperación de tierras malhabidas –que son alrededor de 8 millones de hectáreas–; en vez de cumplir sus funciones en lo que respecta al Caso Curuguaty o Caso Barbero, por citar solo algunos de los más emblemáticos; en vez de respaldar la legalización masiva de asentamientos campesinos para el fomento del arraigo rural, desalentando así la extensión del agronegocio, se pone a calumniar a las organizaciones sociales, lo que constituye otra forma de perseguirlas, actitud “en tono” con las políticas del gobierno empresarial de Cartes.

Exigimos a las autoridades del Indert que se retracten de las acusaciones contra nuestra organización, ya que contamos con todos los elementos probatorios que demuestran nuestra honestidad en las acciones. Conamuri es una organización que lleva casi 15 años de trayectoria, referente del movimiento de mujeres campesinas e indígenas a nivel nacional e internacional, y fortalecida por bases que avalan nuestra lucha por un mundo más justo y humanitario.

 ¡Basta de criminalizar la lucha social!

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2° aniversario de la masacre de Curuguaty: informe evidencia violaciones de derechos humanos y criminalización de campesinos y campesinas en Paraguay

OAKLAND (EEUU), HEIDELBERG (Alemania), ASUNCIÓN (Paraguay) 17 de junio de 2014. El día 15 de junio de 2012, 17 personas –once campesinos y seis policías– murieron durante un operativo fiscal-policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty de Paraguay. Este hecho es ahora conocido como la “Masacre de Curuguaty”.

El informe “Conflictos agrarios y criminalización de campesinos y campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la ‘Masacre de Curuguaty’” –basado en las conclusiones preliminares de una Misión Internacional de Investigación sobre el Caso Marina Kue, llevado a cabo en septiembre de 2012– muestra evidencias de violaciones de derechos humanos, irregularidades jurídicas y una campaña de criminalización en contra de los movimientos campesinos que luchan por acceder a tierras que necesitan para cultivar alimentos.

La masacre de Curuguaty se ha convertido en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales en América Latina, en cuyo trasfondo se encuentra la demanda de acceso a tierra y a alimentación adecuada. La sociedad paraguaya exige la aclaración de los hechos que ocasionaron la masacre, así como la investigación y condena de sus responsables morales y materiales. El caso tuvo un particular impacto político al haber sido utilizado como pretexto para la destitución del Presidente Fernando Lugo el día 22 de junio de 2012.

Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierras en el mundo. También figura en la actualidad como el tercer país más afectado por el hambre en América Latina y el Caribe (25,5% de su población). Dado este contexto, la falta de implementación de un programa de reforma agraria, junto con un ambiente de represión y falta de protección para los derechos de los campesinos, constituye una violación de la obligación del Estado paraguayo de realizar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada.

El informe –elaborado por la organización de derechos humanos FIAN Internacional y el movimiento campesino La Vía Campesina– es publicado por Food First/el Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo como parte de la serie de publicaciones Tierra y Soberanía. Se puede descargar el informe visitando: http://foodfirst.org/publication/land -conflicts-paraguay/ y también en las páginas de FIAN Internacional (www.fian.org) y La Vía Campesina (www.viacampesina.org).

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   Foto: Cigarrapy

OLT denuncia actividad parapolicial contra 300 familias en Yvyra Rovana

Desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue: 

En la mañana de hoy, 11 de junio, un grupo de 30 civiles fuertemente armados, atropellaron a un grupo de campesinos que se encontraban trabajando en la chacra, en el asentamiento 1° de Marzo, distrito de Yvyra Rovana, departamento de Canindeyú, donde aproximadamente se encuentran 300 familias. En el atentado hirieron al señor Severiano Ruiz Díaz y se encuentran desaparecidos dos compañeros, quienes corrieron al monte para salvaguardarse.

Este grupo parapolicial fue contratado por el propietario de la Ganadera Pindó S.A., señor Rainer Bendlin, perteneciente al grupo empresarial Perfecta S.A.M.I., que se dedica a la importación y comercialización de armas y es representante y comercializadora en Paraguay de la marca de vehículos BMW y de las empresas satélites Hunter y Guns, a través de las cuales importa y vende armas.

La Comisión Vecinal de familias sin tierra denominada “Joaju”, es miembro de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), y viene tramitando ante el Indert la expropiación del inmueble, por no estar racionalmente utilizado en lo productivo, siendo una tierra ociosa, de modo que el INDERT adjudique posteriormente a las 300 familias integrantes de dicha comisión de sin tierras.

El inmueble en conflicto tiene una superficie de 4.499 hectáreas y es de origen fiscal; ha sido adjudicado ilegalmente a la firma Perfecta S.A.M.I en permuta por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), Resolución Nº 668 de fecha 11 de junio de 1969, del Consejo del Instituto de Bienestar Rural (IBR), por medio de la cual “Adjudica a Perfecta S.A., 4.499 hectáreas, tres mil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados, tres mil setenta y ocho centímetros cuadrados”.

A cambio de dicho inmueble, el Señor Enrique Bendlin Loppacher (Padre del actual director del Grupo Perfecta, Rainer Bendlin), “Transfiere a favor del IBR un avión marca META-SOKOLL-L 403”, propiedad de Perfecta S.A. “Las partes avalúan: El avión en la suma de 3 millones de guaraníes; y la propiedad en 3 millones de guaraníes”. La resolución del Indert lleva la firma de Juan Manuel Frutos.

Días atrás denunciábamos el amedrentamiento de pistoleros de la empresa Pindó S.A, quienes habían torturados a cinco personas vecinos del lugar. El asentamiento, en el año 2013 afrontó dos desalojos violentos por parte de la policía, y ante la falta de respuesta del gobierno y las necesidades imperantes, la comunidad se reorganizó en el mismo lugar.

Responsabilizamos al gobierno de Cartes y al presidente del Indert ante cualquier desenlace fatal que pueda ocurrir y enlutar nuevamente al país, como lo fue la masacre de Curuguaty.

Así también hacemos responsables a los tres poderes del Estado por la impunidad que brindan a grupos parapoliciales, que están al servicio de la ARP y sus asociados cometiendo crímenes contra el campesinado.

Desde la organización exigimos: 

– La intervención inmediata del Ministerio Público, abriendo una investigación sobre esta acción violenta de un grupo parapolicial. Una vez identificado e individualizado a los autores de dicho delito, someterlos a la justicia y oportunamente imponerles las sanciones previstas en la ley penal.

– Al Indert y el gobierno exigimos la expropiación inmediata del inmueble de 4.499 hectáreas para ser adjudicada a las 300 familias afectadas.

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