Mcnoc denuncia desalojo en Sidepar 3000

Asunción, 28 de mayo de 2014.

COMUNICADO

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -MCNOC- se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

Denunciamos el desalojo que se está llevando a cabo sin orden judicial en estos momentos en el asentamiento Jorge Martínez de la localidad de Sidepar 3000, Distrito de Jasy Kañy, Dpto. de Canindeyú, donde la comitiva fiscal, con acompañamiento de 20 patrulleras con policías y 3 colectivos abarrotados de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE) de la Policía Nacional, está procediendo a la destrucción de las casas, escuela, cultivos agrícolas y las demás mejoras del mencionado asentamiento de aproximadamente 560 hectáreas, ocupado por 50 familias campesinas desde el año 2008. 

A la escuela asisten en total 51 alumnos, poseen 60 hectáreas de cultivos diversificados de autoconsumo; en cuanto a las mejoras realizadas, cuentan con 20 pozos de agua, cultivos permanentes de arboles para la reforestación del asentamiento y 40 hectáreas de reserva natural para preservar el medioambiente y para el refugio de animales silvestres.

Ante esta situación:

Responsabilizamos al gobierno nacional por la vida e integridad de los compañeros campesinos y la destrucción de todas las mejoras construidas con autogestión y mucho sacrificio.

Exigimos al gobierno y en particular al Indert buscar solución inmediata para las familias campesinas afectadas.

Apelamos a la solidaridad de las fuerzas democráticas para manifestarse contra estos atropellos permanentes de los derechos campesinos, que aparte de estar abandonados por el Estado y tener que suplir su responsabilidad como la construcción de la escuela, pago de rubro a los profesores y varios otros, nunca se han tenido en cuenta y valorado estos aportes.

¡¡Basta de criminalización a la lucha social!!

 

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Foto: Portal de Curuguaty

La OLT repudia los desalojos ocurridos en Canindeyú y San Pedro

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La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar cuanto sigue: 

Repudiamos los desalojos violentos producidos el día de ayer en el asentamiento campesino “15 de Abril” del distrito de Guayaibí, departamento de San Pedro, y en la comunidad indígena Ava Guaraní, Y’apo del distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. 

Desde la organización sostenemos que la violencia ejercida por el Estado para defender intereses de unos pocos empresarios que se dedican al agronegocio sólo profundiza la crisis social que enfrenta el país. Al problema de tierras que enfrentan los sectores campesinos e indígenas, ahora se suman estos desalojos y despojos violentos de sus tierras y territorios, donde instituciones públicas como la Policía Nacional y la Fiscalía pasan a defender intereses privados pisoteando leyes nacionales, e incluso constituyéndose en muchos casos en mercenarios al servicio de unos pocos empresarios y empresas, que se apropian de los recursos naturales de este país. 

La OLT se solidariza con las familias campesinas del asentamiento 15 de Abril y la comunidad indígena Y’apo, asimismo los instamos a no claudicar en la lucha y seguir firmes, ante este tipo de atropellos a los derechos. 

Exhortamos a todas las organizaciones sociales y populares del Paraguay a mantenerse en alerta y comenzar a accionar ante un Estado terrorista, ejercida por el gobierno de Horacio Cartes, que ofrece balas, desalojos y violencia a las necesidades básicas de tierras, salud, educación, entre otros. 

Por la recuperación y defensa del territorio campesino para la Soberanía Alimentaria

 

Villa Elisa, 21 de mayo de 2014

Dirección Nacional 
OLT

Base de OLT realiza ocupación de finca gestionada ante el Indert

Luego de vivir tres años en campamento, la Comisión Vecinal sin tierras “20 de Abril” realiza ocupación de la finca gestionada ante el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). 

En conversación con el dirigente Magín Sosa, manifestó que, ante las necesidades ante la falta de tierras y la lentitud con que procede el Indert para resolver el caso, un total de 28 familias (200 personas) nucleadas a la OLT, hoy se encuentran organizando el asentamiento para poder trabajar, producir alimentos y de esa manera frenar un problema de migración permanente que tienen en su entorno, tanto de jóvenes, mujeres, adultos que ante la falta de tierras, es decir, de un espacio donde vivir y trabajar, migran a la Argentina principalmente. 

Cansados de estas injusticias luego de permanecer por tres años en campamento, decidieron ocupar por completo la finca de 250 hectáreas, ubicada en el distrito de 3 de Mayo, departamento de Caazapá.

“Ikatuhaguâicha roñemity tembi’urâ, rojogapo ha ore familia kuéra oguereko escuela oikehaguâ, roike ore yvyrâme ha norosêvéima upégui” (“pasa sembrar nuestros alimentos, tener casa y para que nuestros hijos vayan a la escuela, construimos nuestro futuro y no vamos a salir más”), expresó el dirigente.

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Comunicado de Conamuri: más desalojos en pueblos rurales

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), en relación a los hechos de desalojo ejecutados en la jornada de ayer, martes 20 de mayo, uno en el asentamiento campesino 15 de Abril, distrito de Guayaibí –San Pedro– y otro en la comunidad indígena Y’apo de Corpus Christi –Canindeyú–, expresamos cuanto sigue:

En un procedimiento que va siendo cada vez más habitual, sin allanarse a parámetros legales como una orden de desalojo o la presencia fiscal, con gran despliegue de elementos de represión como la policía, incluso haciendo uso de un helicóptero, acompañados de matones a sueldo, fue asaltado a primeras horas de ayer el asentamiento 15 de Abril (distrito de Guayaibí), el cual lleva constituido 8 años de existencia,  con 150 familias que han echado raíces en esas tierras, que han construido una escuela, la iglesia, con caminos, electrificación y agua corriente.

Por su parte, en el distrito de Corpus Christi, una comunidad indígena de la parcialidad Ava Guarani, sufrió un desalojo de sus tierras ancestrales durante la mañana, quedando 100 familias libradas a su suerte, sin explicación alguna, en el mismo momento en que fueron a declarar ante la jueza que decretó la orden de desalojo.

Ambos casos tienen mucha similitud en las formas: el avasallamiento a los derechos humanos y constitucionales de estos poblados impunemente y amparados en la prepotencia y la fuerza bruta; la ejecución al margen de la ley, con el más puro estilo de un terrorismo de Estado; la violencia estructural pese a no haber enfrentamiento o derramamiento de sangre; y, sobre todo, los beneficiarios de estos acontecimientos: grupos oligárquicos vinculados al agronegocio y el capital multinacional, esos a los que el propio presidente de la República, en un discurso lamentable, ofreciera el “uso y abuso” del Paraguay.

En efecto, en ambos casos se pretende destinar esas tierras al cultivo de soja y otros rubros que hacen de nuestro país un agroexportador por excelencia, muy bonito para las estadísticas, los protocolos oficiales y para los incautos consumidores de medios de derecha, pero con una realidad devastadora para las comunidades rurales.

Esta realidad perjudica intensamente a las familias campesinas e indígenas que tienen que migrar hacia otras geografías que no siempre les reciben con una bienvenida. Se generan así conflictos como los que actualmente se observan en varias ciudades del Dpto. Central, crisis habitacional y desplazados que no tienen espacio en la patria que los vio nacer.

El gobierno de Horacio Cartes es consecuente con el plan propuesto de eliminar la pobreza, pero con la táctica repudiable e inhumana de eliminar a los pobres, como si todo el país fuera un gran campo de exterminio de poblados enteros, apuntando directamente sobre la identidad campesina e indígena porque el objetivo velado es desaparecer el campesinado productor de agricultura sustentable y vencer a los pueblos originarios que han resistido por más de 5 siglos todo tipo de atropellos.

Nos solidarizamos con las personas que atraviesan esta situación y denunciamos estas acciones como enmarcadas en la lucha contra las tierras malhabidas, el latifundio y el acaparamiento, que siguen causando estragos a la sociedad.

Nuestro absoluto repudio a estos acontecimientos que dejan en desamparo a familias enteras a su suerte, a niños, niñas, mujeres y hombres a los que se les quita hasta las últimas posibilidades de rehacer sus vidas al dejarles sin elementos para empezar de nuevo, legitimando prácticas aborrecibles como el sicariato al permitir el involucramiento de civiles armados en estos operativos, por demás, ilegales.

Exigimos al gobierno de Horacio Cartes cesar la persecución al campesinado y pueblos indígenas y poner fin a su empeño de desangrarlos para provecho de particulares. Ese tipo de progreso que proclama el gobierno del “nuevo rumbo” no le hace falta a nuestro país.

¡¡Reforma Agraria ya!!

¡No más “uso y abuso”!

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OLT: Llamado a la movilización

La Organización de Lucha por la Tierra OLT, considera oportuno plantear a las bases y las organizaciones populares NO parar con las movilizaciones en contra de la Ley de Alianza Publico (APP), las políticas  entreguistas del Gobierno Cartes y por una Reforma Agraria.

Resulta contradictorio que en un país con innumerables riquezas nacionales, se tenga una población sumida en profundas desigualdades sociales, resultado de largos periodos de gobiernos y de políticas entreguistas. El empresario  Cartes continua aferrado a profundizar la entrega de la soberanía, extranjerizando más la economía y los servicios con la ley de APP.  Cartes no da señales de que tenga una política de lucha contra la pobreza,  sino mas bien busca profundizar  la dramática situación que sufre gran parte de la población.

Los gobiernos y el Estado han abandonado la idea de la Reforma Agraria,  el campo hoy día está incorporado al régimen de la “oferta y la demanda”, sobre esa base no existe ninguna posibilidad de  que el campesino pobre, sin tierras y productores, alguna vez accedan a la tierra y se desarrollen,  por el contario, las grandes empresas del agro negocio buscan de alguna manera controlar los territorios y la producción, por compra o por arrendamiento, al amparo de los sucesivos gobiernos, y con mas profundidad con el gobierno del golpista Federico Franco y el actual Presidente Horacio Cartes.

 No se puede pensar en una REFORMA AGRARIA para el Paraguay, si el propio gobierno ofrece el país a los capitalistas extranjeros, mientras  persigue a los paraguayos/as negándoles el derecho a una tierra propia. No se puede pensar en dignidad, si el propio gobierno levanta la bandera de la persecución y la criminalización de las luchas sociales para congraciarse con los “inversionistas”.

El Gobierno busca achicar el Estado en su función  social y mantener e incluso agrandar en su función represiva contra los que reclaman sus derechos y defienden sus territorios.

Cartes representa una política anti patriótica, entreguista, un gobierno con apoyo de la oligarquía ganadera, sojera y mafiosa,  un Presidente que cumple orden del capital financiero internacional y se desentiende de los problemas de la gente.

La OLT organizará  una movilización los días 25 y 26 de junio en todos los departamentos  del país para seguir exigiendo:

1.  Reforma Agraria: Acceso a tierra, vivienda rural,  política de inversión y fomento de la agricultura campesina.  Recuperación de tierra del Estado de manos de sojeros latifundistas y especuladores.

2. La derogación de la Ley de Alianza Publica Privada APP, y las leyes anti democráticas que fueron aprobadas para Cartes concentrar el poder.

3. Justicia por el caso Curuguaty y la recuperación de las tierras de Marina Cue por el Estado Paraguayo.

Asunción, 7 de mayo de 2014.-

 

Evelio Ramón Giménez                                               Esteban Irala                                     Dionel Sachelaridii

Por la defensa y recuperación del territorio campesino para la  Soberanía Alimentaria”

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