El reino del latifundio

“Sojalandia”, un Estado dentro del Estado paraguayo. Reportaje publicado en el El Dipló – Le monde diplomatique Cono Sur.

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Foto: Maurice Lemoine.

Hoy establecido como cuarto exportador mundial de soja, Paraguay consolida su modelo agrícola con el avance de este cultivo sobre las tierras lateríticas rojas de la región oriental, al tiempo que deja sin  unas 300.000 personas en un país de 6,7 millones de habitantes.

Maurice Lemoine: Periodista, autor de Sur les eaux noires du fleuve, Don Quichotte, París, 2013.

Traducción: Gabriela Villalba

Artículo publicado en El Dipló – Le monde diplomatique Cono Sur

Un viento helado lacera los rostros. Es el 24 de agosto de 2013. Divididas en cuatro “brigadas”, ciento ocho familias vuelven a ocupar la tierra de colonia Naranjito (Canindeyú), de donde las fuerzas de seguridad ya las expulsaron en cuatro ocasiones. Bajo un refugio, se levantan unas carpas precarias, en medio de bolsos y paquetes. “A partir de mañana, sembraremos cultivos de subsistencia”, anuncia el dirigente Jorge Mercado, con una seguridad que no termina de sentir del todo. La fuerza del recuerdo lo barre como una ola. La última expulsión fue especialmente violenta: “Los policías quemaron 184 casillas. Robaron los animales, los pollos y mataron a los chanchos”.

En 1967, el dictador Alfredo Stroessner regaló esta tierra a un alemán, Erich Bendlin. Sus hijos, Reiner y Margarita, la “heredaron”. Pero siguió perteneciendo al Estado. “Verificamos en las instituciones lo que es legal, y lo que fue mal adquirido –detalla Mercado–. Tenemos años de experiencia en recuperar, palmo a palmo, el territorio paraguayo. “Mientras se explaya sobre la rapacidad de los terratenientes y los sojeros, una capa de tinieblas engulle el esbozo de campamento. Arrodillados en torno a unos braseros enrojecidos, los campesinos sorben sus mates, bebiendo lentamente la infusión reparadora.

Dos días después, con la brutalidad habitual, la policía volverá a echarlos.

La tierra… En este país de 6,7 millones de habitantes, unas 300.000 familias de campesinos pobres carecen de ella. Sin remontarnos a la prehistoria paraguaya, el modelo del  se consolida a fines del siglo XIX. Con Stroessner (1954-1989), grandes superficies de “tierras libres” pertenecientes al Estado y legalmente destinadas a la reforma agraria, como en Naranjito, se reparten entre amigos, cómplices, militares y compromisos. Y más aun, a partir de fines de los setenta se produjo un cambio sustancial: la agricultura mecanizada, proveniente de los estados del sur del vecino Brasil, cruza la frontera con su producto estrella: la soja.

Una convulsión sacude los campos. Los pequeños y medianos productores que, históricamente, alimentan el país, entorpecen la expansión del sector, volcado a la exportación. Ahora bien, hay muchas maneras de echar a quienes impiden sembrar. “La más simple es comprarles la tierra –comenta el economista Luis Rojas–. Le ofrecen al campesino una suma que nunca ha visto en su vida. Él piensa que es una fortuna, se va a la ciudad, gasta todo en tres o cuatro meses y pasa a engrosar los cinturones de pobreza, porque no tiene trabajo.”

Y la soja despliega sus serpientes de púas.

Una marea devastadora

Comunidades enteras migran a causa de los estragos que provoca la deforestación. La aspersión aérea de pesticidas en las tierras cercanas afecta los cultivos limítrofes, envenena los cauces de agua, obliga a los animales a recorrer kilómetros en busca de pastos, a raspar las últimas matas, a mugir penosamente. Vómitos, diarreas, dolores de cabeza, etc. Impotentes, los vecinos malvenden sus parcelas de campos.

Y la soja devora pueblos y caseríos.

En 1996, su variedad transgénica, la semilla “roundup ready”, de Monsanto, surge en Argentina, desde donde dirige una guerra de conquista, sin aprobación gubernamental, en Brasil, Bolivia y Paraguay, recurriendo ampliamente a pesticidas mortales para el medio ambiente (1).

Y la soja inunda planicies y llanuras (implacable marea).

Islotes de indomables intentan hacer valer sus derechos. “Con el pretexto de satisfacer sus reivindicaciones, el gobierno los desplaza –afirma con un rictus Perla Álvarez, de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) –. “Los meten en medio de un bosque que deberán desbrozar, a ochenta kilómetros de la primera ruta, sin un puesto de salud, sin nada…” Cuando algunos, a pesar de todo, se afianzan o reagrupan las tierras fértiles que les confiscaron, el agrobusiness suelta a sus perros. “Desde que comenzó el período democrático, en el año 1989, hasta hoy –denuncia el abogado Hugo Valiente, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)–, se registraron 116 casos de asesinatos o desapariciones de líderes o militantes de organizaciones campesinas.” Además de los agentes del Estado, los guardias privados de los grandes propietarios –los “matones”– actúan con total impunidad.

Y la soja trepa, trepa; la soja avanza sin fin.

Los terratenientes, muy influyentes, muy organizados e insertos en el corazón de los dos grandes partidos tradicionales –la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado, que se mantuvo ininterrumpidamente en el poder entre 1946 y 2008 y lo recuperó en 2013) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)–, viven fastuosamente, poseen sus propias pistas de aterrizaje y aviones. El grupo del brasileño Tranquilo Favero, el “rey de la soja” (véase recuadro), posee 140.000 hectáreas en ocho departamentos (Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, Central y Chaco), nueve empresas (tratamiento y distribución de semillas, elaboración e importación de agroquímicos y fertilizantes, financiación a productores, provisión de maquinaria y combustibles, etc.), al igual que un puerto privado sobre el río Paraná, un cauce de agua clave para los grandes proyectos de infraestructura del continente. Los ocho miembros de la Central Nacional de Cooperativas (Unicoop) controlan más de 305.000 hectáreas. El Grupo Espíritu Santo se contenta con 115.000… En síntesis: según el censo de 2008, el 2% de los propietarios monopolizan el 85% de las tierras del Paraguay.

Los gigantes que mandan

Por su parte, las multinacionales sacan su buena tajada. Con los estadounidenses Cargill (veinte silos, una fábrica, tres puertos privados) (2), ADM Paraguay Saeca (treinta silos, seis puertos privados) y Bunge (cinco silos con una capacidad total de 230.000 toneladas), Louis Dreyfus (Francia) y Noble (Hong Kong), que obtienen con la soja sus mayores ganancias, controlan cerca del 40% de todas las exportaciones del país. BASF y Bayer (Alemania), Dow (Estados Unidos), Nestlé (Suiza), Parmalat (Italia) y Unilever (Países Bajos y Gran Bretaña), por sólo citar algunos, completan la explotación reiterada (3). Porque cabe mencionar un detalle: aunque a través de sus actividades generan el 28% del producto interno bruto (PIB), latifundistas y transnacionales apenas contribuyen al 2% de los ingresos fiscales del país (4).

Interminables filas de maquinarias agrícolas y camiones surcan las rutas con fuertes bocinazos, mientras la soja avanza sin fin sobre las tierras lateríticas rojas de la región oriental, incluidas las de los ganaderos (que crían 14 millones de cabezas de ganado, empujados hacia la rústica región del Chaco). Al hacer de Paraguay el cuarto exportador mundial de soja, las superficies invadidas por este “oro verde” pasaron de 1,5 millones de hectáreas en 1993 a 3,1 millones en la actualidad. Cerca del 60% de esta soja se envía a Europa para alimentar ganado y producir biocombustibles.

Sin embargo, ni dóciles ni tontos, los campesinos no extienden el cuello ante el cuchillo del matarife. “Ya recuperamos muchas tierras” –precisa Esther Leiva, coordinadora nacional de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) –. “Más de trescientos compañeros están realizando ocupaciones en las zonas de Itapúa y Caazapá.” Entre 1990 y 2006, en el marco de 980 conflictos, se contaron 414 de estas ocupaciones, la manera de presionar más utilizada para “sensibilizar” a las autoridades. Rebautizadas “invasiones” por los propietarios, dieron lugar a 366 expulsiones y 7.346 detenciones (5). Pero, según cálculos de Dominga Noguera, coordinadora de las organizaciones sociales de Canindeyú, “sólo para este departamento, se han reconquistado 130.000 hectáreas”.

En estos campos de caminos apenas transitables, sólo se puede acceder a las colonias agrícolas –los asentamientos– con enjambres de motos de baja cilindrada. Aquí, en el centro del departamento de Itapúa, en el asentamiento 12 de Julio, recuerdan cómo, en 1996, setenta personas fueron encarceladas durante seis meses por haber intentado sitiar por la fuerza esta finca de 1.600 hectáreas que supuestamente pertenecía a Nikolai Neufeld, un menonita alemán (6). En este país sin catastro, paquetes enteros de títulos de propiedad fraudulentos fueron entregados por un sistema judicial que permaneció bajo el mando de magistrados vinculados con la dictadura de Alfredo Stroessner y el Partido Colorado. Un caos administrativo tal que una misma tierra puede aparecer en tres o cuatro títulos diferentes. Así, Paraguay es, si se suman estos documentos, el único país del mundo que se extiende en al menos… dos pisos.

En 2005, los del asentamiento 12 de Julio retomaron la lucha, con el apoyo de la OLT y de la Mesa Coordinadora Nacional de las Organizaciones Campesinas (Mcnoc). Cuatro veces “ocuparon”, cuatro veces fueron violentamente desalojados por la policía, los militares y los matones, ante la mirada de los enviados especiales de los medios de la oligarquía –ABC Color (7), La Nación, Última Hora–, que se acercaron para asistir deleitados al incendio de los ranchos de aquellos “criminales” de pies desnudos.

Sin embargo, el combate dio sus frutos. Hoy 230 familias viven legalmente en el lugar, donde plantaron mandioca, maíz, legumbres, batatas, maní y sésamo. En efecto, en 2009, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), el organismo encargado de la reforma agraria, terminó recomprando su propia tierra a Neufeld, quien luego fue condenado a cinco años de cárcel, por vender, entre 2007 y 2011, terrenos que no le pertenecían a inmigrantes alemanes por 14 millones de euros. Pero sobre todo, precisa Magno Álvarez, robusto dirigente de la comunidad, para explicar el feliz desenlace, “en 2009, las tensiones habían disminuido; era el período del presidente [Fernando] Lugo”.

En efecto, el 20 de abril de 2008, hartos de los 61 años de autoritarismo del Partido Colorado, el 40,8% de los votantes depositaron sus esperanzas en la figura del ex “obispo de los pobres”, socialmente muy comprometido. A falta de una base política organizada, fue llevado al poder por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una coalición de movimientos sociales y ocho partidos, entre los que se diferenciaba el PLRA, una formación conservadora incapaz hasta entonces de doblegar el dominio de la ANR (8). El matrimonio duraría poco.

Disparen sobre Lugo

Aunque cercano a los gobiernos progresistas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (9), Lugo implementa una política muy moderada. Pero de todas formas es demasiado. ¿Acaso no rechazó la instalación de una base militar estadounidense en Mariscal Estigarribia (Chaco)?, ¿no se negó a otorgar a la multinacional canadiense Rio Tinto Alcan –que buscaba instalar una planta de aluminio a orillas del Paraná– subsidios en energía que llegaban a los 200 millones de dólares anuales?, ¿no aumentó el gasto social y permitió el acceso gratuito de los pobres a los hospitales?, ¿no habló de reforma agraria y expresó su empatía con los movimientos campesinos que, gracias a la fuerza de este apoyo explícito, multiplicaron las ocupaciones y las manifestaciones? Luego de apoyarlo por mero oportunismo electoral, el PLRA, con el vicepresidente salido de sus filas a la cabeza, Federico Franco, se vuelve contra el jefe de Estado. En connivencia con el adversario colorado de la víspera (ambos partidos gozaban de mayoría absoluta en el Congreso), juega abiertamente a la desestabilización.

La Unión de Gremios de la Producción (UGP), apoyada por una prensa ganada para su causa, da la alarma. El conflicto se agrava cuando el poderoso lobby pide que se introduzcan nuevas variedades genéticamente modificadas de maíz, algodón y soja. “El ministro de Agricultura, el liberal Enzo Cardozo –recuerda Miguel Lovera, entonces presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) – actuó en total conformidad con los intereses de Monsanto, Cargill y Syngenta. Era literalmente su empleado, al mismo tiempo que el portavoz de la UGP”. Sin embargo, la autorización no fue concedida: la ministra de Salud, Esperanza Martínez, y el de Medio Ambiente, Oscar Rivas, al igual que Lovera, del Senave, se oponen. ABC Color se enfurece, iniciando una campaña en su contra de una violencia inusitada. Y, por milésima vez, el vicepresidente Franco habla de destituir a Lugo a través de un “juicio político” (el equivalente al impeachment en Estados Unidos). Sólo resta encontrar el pretexto.

Unos 400 kilómetros al noreste de Asunción, cerca de Curuguaty –tres avenidas angostas, unas diez calles perpendiculares y, en cada esquina, un banco donde se amontona el dinero de los sojeros–, en Marina Kue, los “sin tierra” ocupan pacíficamente una propiedad de la que se apropió Blas N. Riquelme, ex presidente del Partido Colorado (al que representó en el Senado entre 1989 y 2008) y propietario de las 70.000 hectáreas de la empresa Campos Morombi. Nadie ignora que las cerca de 1.000 hectáreas disputadas en Marina Kue pertenecieron al ejército paraguayo hasta fines de 1999, ni que el 4 de octubre de 2004 el decreto Nº 3.532 las declaró “de interés social”, para luego transferirlas al Indert. Sin embargo, el 15 de junio de 2012, 324 policías fuertemente armados irrumpen para desalojar –¡por séptima vez en diez años!– a los 60 campesinos presentes en ese momento en el campamento que habían instalado.

¿Qué sucede luego? “Queríamos la tierra y tuvimos una guerra”, suspira Martina Paredes, miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas de Marina Kue, que perdió a su hermano. Ese 15 de junio, después del primer tiro, se desencadena un intenso tiroteo, en el que pierden la vida once campesinos y seis miembros de las fuerzas de seguridad. Aún hoy, se desconoce quién disparó primero. “Yo hablé con algunos policías –nos confía Paredes–, ellos no saben más que nosotros.” Uno de los líderes campesinos de Marina Kue, Vidal Vega, anunció que iba a declarar sobre lo que sabía de la presencia de infiltrados y matones de Campos Morombi en la zona de la masacre. Fue asesinado el 16 de diciembre de 2012. Además, la grabación realizada por un helicóptero de la policía, que sobrevoló permanentemente la escena de los hechos, desapareció misteriosamente.

La presencia de mujeres y niños en el campamento quita toda credibilidad a la hipótesis de que los campesinos habrían tendido una emboscada a las fuerzas de seguridad. Sin embargo… El 22 de junio de 2012, Lugo, acusado de exacerbar la violencia contra los grandes propietarios terratenientes, fue destituido al cabo de un “juicio político” de veinticuatro horas, cuando, según el Artículo 225 de la Constitución, debería haber dispuesto de cinco días para organizar su defensa. Algo que, más allá de las argucias, se llama “golpe de Estado”.

La venganza de los poderosos

Cuando Franco finalmente logra apoderarse de la Presidencia, su gobierno desactiva inmediatamente la comisión independiente nombrada para investigar los hechos de Marina Kue con la asistencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y sólo hay que esperar una semana para que, por decreto y sin ningún tipo de procedimiento técnico, se autorice el desembarco del algodón genéticamente modificado. En los meses siguientes, se agregan otras siete variedades de maíz y soja transgénicas.

Como se suele decir, las elecciones del 22 de abril de 2013 marcan el “regreso a la normalidad” de Paraguay, que luego del golpe había sido excluido del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Cuando efectivamente toma sus funciones como jefe de Estado, el 15 de agosto, en nombre del Partido Colorado, Horacio Cartes, el hombre más rico del país –que tiene como principal asesor al chileno Francisco Cuadra, ex ministro y portavoz de Augusto Pinochet–, se desplaza del Palacio de Gobierno a la catedral a bordo del Chevrolet Caprice descapotable blanco que solía utilizar Stroessner… Anticipando el tono de su futuro mandato en un desayuno de trabajo en el que participan “ciento veinte” (La Nación) o “trescientos” (ABC Color, página 2) o “cuatrocientos” (ABC Color, página 3) “entusiastas empresarios nacionales y extranjeros”, promete que no tolerará “que los inversionistas sean maltratados por los funcionarios públicos”.

Dos días después, provocando torrentes de indignación mediática, cinco guardias privados de la estancia (10) Lagunita son ejecutados por el misterioso Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupúsculo –antes que una guerrilla– al que se atribuyen 31 secuestros y asesinatos desde 2006, en zonas de difícil acceso de los departamentos de Concepción y San Pedro, los más pobres del país. La investigación revela que una de las víctimas, Feliciano Coronel Aguilar, un suboficial de la policía, dirigía de modo encubierto, en su “tiempo libre”, la empresa de seguridad San Jorge, encargada de la vigilancia del establecimiento. Por su parte, el EPP afirmó en Facebook que sus objetivos “formaban parte de un grupo parapolicial que mató a veinte campesinos”. Hecho que confirma implícitamente el ex diputado colorado Magdaleno Silva: “Se debe investigar cuáles son los verdaderos trabajos que realizaba la empresa de seguridad San Jorge” (11). Por su parte, el padre Pablo Cáceres, de la diócesis de Concepción, afirma: “Estos tipos que se murieron, esos guardias de seguridad, por ahí dicen ‘pobrecitos trabajadores’ […], en realidad eran matones” (12).

En abril de 2010, el presidente Lugo, regularmente acusado de tener vínculos con el EPP, había decretado el estado de excepción durante un mes para intentar erradicarlo –sin resultado probado– en cuatro departamentos. El 22 de agosto pasado, con una velocidad meteórica, el Congreso adopta una ley que permite a Cartes ordenar operaciones militares, esta vez sin necesidad de declarar el estado de excepción. La policía nacional pasa bajo control operativo de los militares que se despliegan en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, apoyados por helicópteros y blindados. ¿Para terminar con un movimiento de oposición que, si bien es armado, no cuenta con los miembros suficientes como para formar dos equipos de fútbol?

En la comunidad de Tacuatí Poty –por sólo tomar un ejemplo–, reina una atmósfera de fin del mundo. En este asentamiento de setecientas familias rodeadas por la soja, se ha luchado mucho, primero por la tierra, luego por el centro de salud, la escuela, el colegio, el agua potable, el camino. A ocho kilómetros de allí, un rico terrateniente, Luis Lindstrom, fue secuestrado entre julio y septiembre de 2008 por el EPP, liberado por una recompensa de 130.000 dólares y luego asesinado el 31 de mayo de 2013 por dos francotiradores supuestamente pertenecientes a la “guerrilla”. Acusado de constituir uno de los campos de base de la subversión, Tacuatí Poty vive el infierno de los allanamientos nocturnos y sin orden judicial realizados por militares encapuchados, las intimidaciones, las pruebas falsas plantadas por la policía en las viviendas de quienes ha decidido inculpar y las detenciones seguidas de imputaciones que no tienen más fundamento –en los casos de Ireneo Vallejos, Damacio Miranda, Gustavo Cardozo– que las declaraciones, fantasiosas y contradictorias, de una pareja de comportamiento más bien turbio y de una niña de 6 años…

“La gente tiene miedo –se alarma Victoria Sanabria–. No confiamos en la justicia ni en las instituciones que deberían proteger nuestros derechos. Los acusados son padres de familia, luchadores que se levantan a las 5 de la mañana para trabajar. La casualidad hizo que también sean dirigentes comunitarios. Pensamos que el fondo del problema es nuestra tierra. En nuestra ignorancia, eso es lo que sentimos. Piensan que decapitando a los líderes van a terminar con nosotros.”

En suma, se trata de un gran clásico latinoamericano. Una herida mal curada termina infectándose. Grupos, pequeños o grandes, condenables o no, se radicalizan. El poder llamado “democrático” se escandaliza y, al dar la orden de capturar a los presuntos culpables, criminaliza ante todo… a los movimientos sociales. Para mayor provecho, en el caso de Paraguay, de los sojeros.

Lea además: Brasiguayos: odiados o adorados

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1. En 2004 y “ante el hecho consumado”, el gobierno paraguayo legaliza la soja transgénica sin hacerse rogar demasiado.

2. En la actualidad, Cargill se encuentra en el centro de un escándalo en Colombia, donde está acusado de apropiarse fraudulentamente de 52.000 hectáreas devueltas por el Estado a campesinos pobres.

3. Luis Rojas Villagra, Actores del agronegocio en Paraguay, Asunción, BASE Investigaciones Sociales, 2012.

4. E’a, Asunción, 19-9-13.

5. “Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue”, Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012.

6. Los menonitas son una congregación evangélica de origen europeo (básicamente alemana) que emigraron a Paraguay en la década de 1920. Son alrededor de 30.000 y producen más del 80% de la producción láctea nacional.

7. Aldo Zuccolillo, propietario de ABC Color, es el principal asociado de Cargill en Paraguay.

8. Véase Renaud Lambert, “Au Paraguay, l’‘élite’ aussi a voté à gauche”, Le Monde diplomatique, junio de 2008.

9. Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras (hasta el golpe de Estado de 2009), Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Venezuela.

10. Finca agraria dedicada a la cría vacuna.

11. E’a, 21-8-13.

12. Radio Ñanduti, Asunción, 6-9-13.

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