Luchas Sociales

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El campesinado del norte del Paraguay en pie de guerra contra el gobierno de Horacio Cartes

Protestan contra la militarización de tres departamentos rurales bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. El último ataque fue contra la comunidad de Laterza Cué, que vive rodeada por un cerco de 3.000 metros. Los movimientos campesinos, sindicales y políticos anuncian una huelga general nacional a finales de octubre para mostrar su rechazo hacia las políticas neoliberales del gobierno y la criminalización de las luchas sociales.

Anna Medina | Redacción Extramurs | Cataluña 20/10/2013

La comunidad campesina Laterza Cué , a 300 kilómetros de Asunción, fue invadida el día 10 de octubre por más de 300 efectivos policiales y militares, acompañados de trabajadores de la transnacional Bioenergy , productora de soja y trigo transgénicos en la región . Los agentes irrumpieron en el municipio violentamente con tractores y otras herramientas, propiedad de la empresa, con el objetivo de desalojar a los habitantes de sus casas para ampliar los terrenos de la compañía. Después de persecuciones y acorralamientos, en un ambiente de pánico, la población de Laterza Cué se replegó en la sala comunal del municipio para resguardarse de la policía ya que, según explicaron testigos al medio local Radio Ñandutí, las fuerzas del orden disparaban balas de goma y lanzaban gases lacrimógenos indiscriminadamente, a pesar de haber personas mayores y -como mínimo -70 niños.

Simultáneamente, el Ministro del Interior, Francisco de Vargas, aseguraba que en esta operación se estaban garantizando los Derechos Humanos de la población pero, por el contrario, los efectivos, sin ninguna orden judicial, fueron a desalojar familias y detuvieron a una decena de personas, de las cuales dos aún permanecen detenidas por haber grabado los hechos con el teléfono móvil. El líder de la comunidad, Antonio Farías, en declaraciones a una radio comunitaria, explicó que la compañía Bioenergy, a pesar de disponer de una extensión de 60.000 hectáreas, extorsiona a las familias que viven en el entorno obligándolas a vender sus terrenos a la empresa. Farías aseguró también que “quienes se oponen son víctimas de persecuciones e, incluso, de muerte”. El pasado junio, un grupo de sicarios asesinó a un poblador, Antonio Moreira, por negarse a vender sus terrenos a la multinacional.

Durante los años 1970, para hacer frente a las constantes apropiaciones indebidas de tierras en manos de transnacionales extranjeras con el apoyo del Estado, cientos de personas tomaron las tierras de Laterza Cué, de titularidad pública. Actualmente, la población está sometida a un aislamiento forzoso promovido por la empresa. Vive rodeada por un cerco de 3.000 metros y en las entradas de la comunidad hay puntos de control policiales con el objetivo de vigilar y restringir el tráfico de personas y mercancías, vulnerando la Constitución del país. Fuentes locales a las que hemos tenido acceso aseguran que “Laterza Cué va camino a convertirse en otro Curuguaty si el gobierno se queda de brazos cruzados ante la vulneración constante de los Derechos Humanos”.

El norte del país, militarizado por la nueva ley de defensa nacional

La situación de Laterza Cué no es una excepción. A finales de agosto, días después de que Horacio Cartes asumiera la presidencia, el gobierno decidió militarizar tres departamentos del norte del país: San Pedro, Concepción y Amambay. Para hacerlo, el Senado aprobó a toda prisa una modificación de la ley de defensa nacional, que otorga al presidente la potestad de enviar personal de las fuerzas armadas en las zonas que considere necesarias sin la, hasta ahora, obligación de que el Congreso lo apruebe. La justificación del operativo, que les cuesta a los paraguayos más de 165.000 euros mensuales, sería incrementar la ofensiva contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado que actúa en zonas boscosas del noreste del país y que, de momento, el gobierno ha fracasado en sus objetivos.

Sin embargo, varios testimonios de vecinos y vecinas relatan actuaciones arbitrarias y abusos de poder por parte de los cuerpos de seguridad. La portavoz de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), Alicia Amarilla, explicó a Extramuros que, por un vacío legal, no existe ni siquiera la posibilidad de exigir la creación de un informe periódico sobre la situación del despliegue en la zona. Por otra parte, gobiernos como el español o el estadounidense ya han expresado su apoyo al gobierno paraguayo en esta “lucha contra el terrorismo”.

Los habitantes del norte de Paraguay han realizado una serie de protestas y cierres de rutas, convocadas por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) contra la militarización y para exigir una soberanía nacional real y medidas para combatir la pobreza en las zonas rurales. Durante las protestas, uno de los líderes políticos del departamento de San Pedro, Elvio Benítez, afirmaba que “lo que nos mata es el hambre y no el grupo armado”, mientras que uno de los dirigentes de la MCNOC, Salomón Ruíz, hizo un llamamiento a frenar el avance de la “agricultura genocida empresarial que liquida los cultivos familiares”. También, el ex presidente, y víctima de un golpe de Estado en junio de 2012, Fernando Lugo, anunció en una entrevista en Prensa Latina que “el movimiento campesino del norte contagiará al resto del país”. Lugo actualmente es senador por el frente político de izquierdas Frente Guasú.

La situación del campesinado en Paraguay

La concentración de tierras es un hecho histórico en el país sudamericano y uno de los factores que explica la brecha entre ricos y pobres, así como la falta de oportunidades en el sector rural. Paraguay es el segundo país, después de Brasil, con más desigualdad en la distribución y la tenencia de tierras. Durante la brutal dictadura de Alfredo Stroessner se hizo una reforma agraria que solo favorecía a los amigos del dictador y los militares. Desde entonces, la problemática aún perdura. Actualmente, solo el 2 % de la población posee más del 80% de las tierras cultivables. La mayor parte, a pesar de ser de propiedad pública, ha acabado en manos de grandes empresas privadas extranjeras, que han introducido en el país las semillas transgénicas para monocultivos. Los que luchan, a través de organizaciones o sindicatos, para hacer respetar los Derechos Humanos en el ámbito rural, suelen ser el blanco de los “gorilas” contratados por estas grandes empresas. Desde 1989, más de 150 campesinos han sido asesinados, muchos de ellos impunemente. El caso Curuguaty, conocido también como Marina Cué, simboliza la injusticia que vive el campesinado en el país ya que ahora mismo 12 personas permanecen detenidas ilegalmente, acusadas de haber matado a policías durante el enfrentamiento entre éstos y los ocupantes el 15 de junio de 2012. Según fuentes locales, la Fiscalía no tiene pruebas contundentes para acusar a los mismos. Aún así, denuncian los colectivos, el fiscal ha encubierto algunas pruebas y han tenido que revocar dos veces al juez del caso por parcialidad manifiesta.

El religioso y activista por la soberanía alimentaria, José Luis Caravias, en una entrevista en Radio Nacional del Paraguay, señalaba a las transnacionales Monsanto y Cargill como responsables del actual conflicto de tierras. Asimismo, según la portavoz de Conamuri, Alicia Amarilla, “el pueblo ve cómo el enemigo acaba siendo el agronegocio que se quiere apropiar de sus tierras”. Y añade: “Monsanto fue uno de los mayores beneficiarios del golpe de estado a Fernando Lugo ya que, una vez destituido éste y con Federico Franco como presidente temporal, se entregaron muchas tierras a las multinacionales de algodón, soja y trigo transgénicos”. Además, Amarilla aseguró a Extramuros que desde Cloc – Vía Campesina, organización conformada por diferentes asociaciones campesinas, consideran al gobierno de Cartes como “la continuación del proyecto –regalo de tierras a transnacionales– iniciado por Franco, el golpista”. Mientras tanto, según un informe de la FAO, el 40% de la población rural vive en la pobreza y se ve gravemente afectada por la crisis alimentaria.

Una sociedad ‘golpeada’

El presidente del gobierno y magnate, Horacio Cartes, es propietario, junto con su hermana, de la Tabacalera del Este S.A., del Banco Comercial Amambay, de una fábrica de envases de vidrio para refrescos con sede en Florida, varias haciendas y preside el club de fútbol de primera división “Libertad”. Mientras tanto, los precios de la gasolina, los billetes de transporte público o los alimentos de primera necesidad, como el pan, siguen al alza. Ante esto, la clase trabajadora paraguaya pide un incremento del 30% del salario mínimo legal (actualmente estipulado en € 275 mensuales aproximadamente), porque, aseguran, “ya no les alcanza para nada”. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 49 % de la población paraguaya está sometida a la pobreza y un 29% a la extrema pobreza. Según la portavoz de Conamuri, la sociedad paraguaya “se encuentra golpeada y sólo nos queda organizarnos y resistir”.

La pugna social contra el gobierno

El sector docente mantiene un pulso con el gobierno. El pasado mes de junio, miles de maestros de primaria y secundaria iniciaron una huelga para exigir el cese de los recortes de sus planes de jubilación y el pago de unas bonificaciones atrasadas. En lugar de eso, el Ministerio de Educación, como castigo, decidió retirar el sueldo de las huelguistas por “haber perjudicado a los alumnos”. Los docentes, que continúan en lucha, exigen que se pague el sueldo íntegro a todos los trabajadores, justificando la legalidad de la huelga.

Transportistas y taxistas, personal sanitario, funcionarios, sindicatos y organizaciones campesinas también se mantienen en pie de guerra contra las políticas neoliberales del gobierno. “La gente se encuentra con hospitales sin medicamentos, sin un transporte digno para ir a trabajar y los niños no reciben una educación de calidad tal y como estipula la ley”, se lamenta Amarilla, y explica: “en dos meses, con este gobierno, ya hay habido más de 15.000 despidos en la administración pública”.

Cartes ha aprobado recientemente una ley llamada Alianza Público-Privada (APP) para atraer inversiones extranjeras y crear puestos de trabajo, haciendo referencia a la nefasta situación económica del país. Buena parte de la sociedad, sin embargo, ve en esta ley la herramienta ideal para privatizar empresas estatales y externalizar servicios públicos como la energía eléctrica, el agua y las carreteras. En esta línea, se han celebrado varias protestas en diferentes puntos del país como muestra del rechazo social.

Huelga general a finales de octubre

El pasado 15 de octubre, el sector docente y estudiantil, movimientos campesinos, sindicatos obreros y movimientos sociales y políticos , como Frente Guasú, constituyeron la Coordinadora Democrática, “una herramienta de organización y movilización con el objetivo de encarar una lucha en defensa de los bienes públicos y la soberanía nacional”, según los y las impulsoras. Exigir al Congreso la parada del proyecto APP, la devolución de los sueldos descontados a las maestras y maestros y la defensa del derecho a la huelga son algunos de los objetivos que se han propuesto. Integrantes y simpatizantes del movimiento se muestran en contra de la concentración de tierras, de la criminalización de la lucha social y de la ausencia de políticas públicas para una Reforma Agraria y aseguran que a finales de octubre se llevará a cabo una huelga general en todo el territorio nacional para mostrar al presidente Cartes el rechazo social hacia su política, a la persecución de la lucha organizada y a la criminalización de la protesta.

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